CASO CATLER: LOS ESCÁNDALOS MUDOS

Andrés Soliz Rada

Publicado el 07 Junio 2010

Una de las actitudes más cínicas de los gobiernos neoliberales resultó el ocultar, bajo antifaces de legalidad, maniobras de corrupción trasnacional en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El elemento complementario a aquel fenómeno fue que cualquier intento de hurgar el avispero se convertía en detonante de extraños sucesos. Aquella conducta colmó de indignación al país.

No somos pocos los que recordamos, con tristeza sí, la destitución y muerte de Juan Carlos Virreira, el ex delegado presidencial revisor de la “Capitalización”. Virreira tuvo la valentía – ¿osadía? – de fotografiar los males de aquella política entreguista, pedir la extradición de Alfonso Revollo, y un juicio penal a Enron. ¡Vaya tiempos esos!
¿Se ha construido antifaces de legalidad en estos nuevos tiempos? ¿Han desatado extraños sucesos? Un caso invita a reflexionar.

A un año y cinco meses de la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor, gerente de la empresa Catler Uniservice, se halla una seguidilla de preguntas irresueltas: ¿por qué fue retirado de la investigación el fiscal Sergio Céspedes?; ¿cuál la razón por la que se designó en su reemplazo a un conocido hombre de confianza de la ministra Nardi Suxo?; ¿fue Jorge Blacud Martínez – contratista de ABC, candidato a diputado por el MAS y presunto allegado a la Vicepresidencia – el “contacto chapaco” entre el Gobierno de Evo Morales y Catler Uniservice?; ¿qué le sucedió a la investigación del Caso Catler II, que según palabras del fiscal Mollinedo, habría de develar otra coima de Catler Uniservice por 2 millones de dólares?

La pregunta capital, sin embargo, es otra: ¿por qué el Gobierno decidió anular el contrato con Catler Uniservice? ¿No sabía que esta decisión iba a generar un millonario daño económico al erario nacional y desabastecimiento de carburantes en el país?

El entonces ministro Héctor Arce Zaconeta justificó el hecho asegurando que se impusieron razones éticas. En ese caso, tendríamos que igualmente preguntarnos, si fue ético ocultar el informe del abogado Pablo Menacho. Este documento aconsejaba NO rescindir el contrato porque Gulsby había cumplido con el 90 por ciento de lo acordado dentro de los plazos establecidos.

Algo va contra la lógica. Esa actitud dizque “ética” deja a Gulsby con la planta y el dinero, pero al país sin nada y con el futuro desportillado.

Los números se incrementan, y no precisamente en perjuicio del señor Villegas. La acusación dentro del caso habla de un pago de 3,3 millones de dólares a Catler Uniservice. De esa suma se presume que 800 mil dólares habrían sido destinados al pago de coimas en favor de parientes políticos del principal encausado. Pero esto es casi nada en comparación al dinero restante del que muchos se desentienden sin el mínimo rubor.

Se asegura que YPFB pagó 13,3 millones de dólares a Gulsby y quedaría un saldo total en el Commerzbank de Estados Unidos y el Banco Unión de 28 millones de dólares.

¿Alguien sabe si el bufete estadounidense, contratado por Carlos Villegas, recuperó la suma de dinero pagada a Gulsby? ¿Alguien conoce si los saldos en cuentas de la operación – 28 millones de dólares – han sido efectivamente recuperados y cuál fue su destino final? Hasta ahora el silencio se impone sobre estas materias.

Una reciente noticia empieza a encender las alfombras del Estado Plurinacional: la Presidencia de YPFB acordó, sin autorización del Directorio, no enjuiciar a las aseguradoras que afianzaron la construcción de la Separadora de Líquidos de Río Grande. ¿En qué circunstancias Yacimientos acordó no acudir a la vía judicial para el cobro de las pólizas de seguro? Se asegura que esta falta de cobro de las pólizas de seguros tiene un beneficiado directo: un empresario, terrateniente, sobre cuyos terrenos en garantía, tres aseguradoras, habrían otorgado las pólizas de seguros en favor de Catler Uniservice.

En el escenario más crítico, la decisión de resolver el contrato entre YPFB y Catler Uniservice, y el rompimiento de renegociaciones con Gulsby y otros contratistas, le costaron al país entre 100 y 500 millones de dólares al año por concepto de no exportación de licuables a Brasil.

¿Qué tipo de estrategia legal encararon Héctor Arce, Nardi Suxo y Carlos Villegas en el caso Catler? ¿A favor de quién? A todas luces el país no cuenta entre los beneficiarios de dichas acciones. ¿Alguna transnacional sí